[ad_1]
De manera innegable y sin mucho alegato, ni redundar en los números y cifras que ya hemos visto una infinidad de veces. Es del conocimiento de todos que la construcción es uno de los sectores que más impacta en la economía del día a día de la República Dominicana, desde el ingeniero, pasando por maestro constructor, el colmadero, la señora que vende las comidas, también por los grandes distribuidores de materiales ferreteros hasta llegar a los mismos vendedores de servicios a estos trabajadores en sus comunidades.
La construcción siempre ha sido un impulsor del desarrollo en el terreno que impactan directamente tanto a las clases más bajas, como a las más altas.
En los últimos años ha habido una determinación y una preocupación muy importante de parte del Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas por agilizar, tecnificar, digitalizar y eficientizar estos procesos y la tramitación de estos permisos. Sin embargo, esto va más allá de las manos de estas instituciones.
Pues para su conocimiento la aprobación de un proyecto o de una construcción depende de un sin número de instituciones. Dentro de esas instituciones, tenemos Medio Ambiente, Ayuntamiento o Alcaldías, Ministerio de Turismo, EdeEste o EdeSur (según el ubicación del proyecto), Cuerpo de Bomberos (Según niveles), hasta la Marina de Guerra en casos de proyectos con Marinas. Que debemos reconocer que la mayoría de las instituciones han establecido el sistema de solicitud en línea, la cual se puede realizar de manera remota. Aun así, tiene mucha dilación el proceso. Dentro de esas instituciones una de las más renombradas para el inicio legal de una obra es el Ministerio de Medio Ambiente el cual otorga un permiso sin el cual se puede dar el primer picazo de manera legal en una obra. Este permiso a través del avance de las instituciones en un momento hace algunos años se podía conseguir en un plazo de 15 o 30 días a lo máximo sobre todo en la categoría D (que son para proyectos desarrollados en casco Urbano), al día de hoy ese mismo permiso puede llegar a tomar hasta 4 meses adquirirlo.
Este retraso según un informe presentado por el Ministerio de la Vivienda el año pasado representó una pérdida de 45,000 millones de pesos y la pérdida de más de 60,000 empleos solamente por ese concepto. Lo cual es perjudicial tanto para el país como para el sector de la construcción.
También cuando se trata de un proyecto ubicado en un sector turístico o en algún polo turístico entiéndase en Higüey, Boca Chica, La Romana, San Pedro y muchas áreas en todo el país. Incluye aprobación del Ministerio de Turismo la cual también es un proceso de 60 días laborables que es más o menos de 3 meses en el mejor de los casos.
Estos atrasos juegan directamente en contra del consumidor final pues estos atrasos que representan dinero al final no hacen más que ser cargados al precio final de las viviendas lo que ha desembocado en prácticamente un aumento del doble a las viviendas. Poniendo cada día más lejos el sueño de todo dominicano de tener su casa propia.
De nada sirve tener un Ministerio de la Vivienda eficiente en la aprobación de estos proyectos si el resto de las instituciones que completan el circuito de “permisología” que conlleva una construcción no están en la misma sintonía.
En los tiempos actuales que el país se prepara y se dan los pasos para una no muy “querida” reforma fiscal, nosotros entendemos que antes de pensar en cargar con más impuestos algunas áreas, sería bueno eficientizar y agilizar el cobro de contribuyentes que ya están interesados en pagar. El sector de la construcción, es uno de los mayores recaudadores de impuestos e impulsadores y motorizadores de la economía del país.
Por: Joan Feliz Valoys
[ad_2]
Source link