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En la audiencia preliminar fijada para el pasado lunes 17 de junio se presentaron varios incidentes entre el Ministerio Público y los imputados y querellantes, lo que dio motivo a que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara para el 26 de agosto a las 9:00 de la mañana. También fijó los lunes para conocer dicho proceso.
Preludio de los acontecimientos del pasado jueves en ocasión de la audiencia para los acuerdos en el caso Calamar con Fernando Crisóstomo, Ramón Emilio-Mimilo- Jiménez, José Ureña y Belkis Tejada, que fuera aplazada por segunda vez para el día 25 de junio.
El proceso en sentido general trata, no de robo al Estado, sino de un supuesto desfalco en el pago de expropiaciones, vale decir que propiedades declaradas de utilidad pública que era obligatorio pagar, se pagaron con dinero del Estado proveniente de partidas ajenas a ese propósito en interés de cobrar comisiones por dichos pagos.
En ese escenario, aunque se pruebe el desfalco, no hay afectación a las finanzas públicas porque era dinero adeudado y las propiedades están ahí y las ocupa el Estado, o sea, que el Estado no es víctima.
Desde los primeros días se habló de víctimas en el proceso y, este diario publicó varios trabajos demostrando que había «querellantes falsos», es decir querellantes que presentaron querellas a sabiendas de que carecían de calidad o motivo, por el simple hecho de que el Estado no había pagado esas tierras.
De acuerdo a las informaciones que reposan en nuestras manos, en la audiencia del pasado jueves ese fue el argumento de la magistrada Yeni Berenice Contreras para pedir la inadmisión de Enrique Ubiera Mota (fallecido) y Jonathan Guerrero Mota, representados por el abogado Javier Bidó y Martin Rubiera.
Ese argumento ahora pueden hacerlo suyo los acusados.
La acusación recoge que Mimilo Jiménez dice haber entregado 3,182 millones al candidato del PLD en las elecciones del 2020, empero Laura Acosta replica que esos tres testigos premiados se llevaron 7,6150 millones, es decir, aunque hayan devuelto RD$2,000 millones de comisiones de expropiaciones, de pagos de OISOE y de casinos y bancas, falta mucho dinero por cuadrar que no devolvieron.
De los RD$17 mil millones en contratos firmados por el Estado con propietarios, de los que se abonaron unos RD$12 mil millones, todos menos un contrato, que fueron tramitados al Registro de Títulos, es decir que Bienes Nacionales procuró desde el 2022 que lo comprado se pusiera a nombre Comprador, el Estado.
Sin embargo, el contrato de Alejandro de Paola suscrito en fecha 18 de marzo del 2020 por Ana Linda y Emil Fernández de Paola, hecho por Belkis Tejada, entonces directora Legal de Bienes Nacionales, no se remitió al Registro de Títulos porque es el único en que el Estado pagó a quien no era dueño RD$3,814 millones de pesos; RD$2,351 millones a la empresa de Crisóstomo y a su empleado. Es el único dinero que se va a perder.
Empero en la acusación no figura Belkis Tejada, testigo premiado, ni está incluido el abogado que al momento de firmar el contrato estaba bajo medida de coerción por el tribunal penal de Hato Mayor, por la falsedad de los documentos de sus clientes y cobró honorarios por firmar en esa venta.
En la audiencia preliminar del pasado lunes se aplazó para el 26 de agosto, luego de que el tribunal comprobara que está bajo licencia Ana Linda Fernández de Paola y estaban ausentes dos imputados más, así como para atender petición de reposición de plazo de los abogados de las defensas.
Por lo previsto, creemos que el caso Calamar, donde están imputados los exministros de la Presidencia, Obras Públicas y Hacienda, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, se tomará un largo tiempo en los tribunales.
En ese caso los magistrados tendrán mucho trabajo y esperamos que actúen, que actuarán con sapiencia en beneficio de la sociedad dominicana.
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