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Bartolo Castro. (Foto: Fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El «empresario» Bartolo Castro, acusado del desmonte ilegal en una pendiente pronunciada del bosque seco de la costa de Buen Hombre, en Villa Vásquez, Montecristi, se desligó del hecho, asegurando que cuando llegó al lugar, esto ya había ocurrido.
Castro, contra quien el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impuso una querella por el hecho, afirmó que dicha denuncia busca dañarlo porque trabaja para que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) permanezca en el poder.
«Nos desligamos, pero sí nos ponemos a disposición de las autoridades para que hagan la investigación. Los daños que hay aquí tienen nombres y apellidos. Son muchas parcelas, están tituladas, no hay que ir lejos, se ven las excavaciones. Sin embargo, Medio Ambiente deposita una querella en contra del pendejo porque es político, porque aspiró a diputado, porque se sacrificó, porque ha trabajado desde la fundación del PRM, porque va a seguir trabajando para la permanencia en el poder del Gobierno. Entonces, hay que dañarlo, y no podemos permitir que nos dañen», dijo.
Asimismo, lamentó las declaraciones del alcalde de Villa Vásquez, Henry Castro, las cuales calificó de «una denuncia alegre».
«Lo felicito por su decisión en favor de la protección del medioambiente. Sin embargo, es una denuncia alegre que no sé qué busca, si la cabeza del ministro de Medio Ambiente o del director regional o dañar al presidente, porque para reclamar un derecho, no hay que hacer un escándalo; usted puede dirigirse a los organismos competentes y exigir respuestas como ciudadano», manifestó.
¿Cómo se enteró del desmonte?
Castro resaltó que fue alertado del desmonte de las parcelas, cuyos propietarios, según asegura, son los sucesores de un señor a quien identificó como Juan Nicolás Pimentel, quien murió hace 36 años.
«Nos alertaron que las estaban desmontando. Cuando nos apersonamos aquí, ya las estaban desmontando. Vinimos con los títulos, con los planos, con una brigada encabezada por un agrimensor, quien nos hizo un levantamiento y determinó dónde concluyen dichas parcelas», explicó.
Resaltó: «Además, por más de 20 años he representado, mediante poder, a una gran cantidad de los sucesores de Juan Nicolás Pimentel, quien murió hace 36 años. Dejó en esta región más de 11,000 tareas de tierra amparadas en certificados de títulos, algunas de ellas invadidas, de las cuales nosotros, mediante la decisión del abogado del Estado, hemos recuperado».
Se cuestiona
Castro dijo que, sin embargo, las parcelas de al lado tienen dueño, tienen títulos y están desmontadas. «En toda la costa (las parcelas), incluyendo la finca del alcalde, fueron desmontadas recientemente, pero ¿ahí no hay que proteger el medioambiente?», se cuestionó.
Agregó: «Nosotros hemos desarrollado inmensos proyectos a nivel nacional y hemos cumplido con las normas establecidas. En este caso, estamos reclamando esta porción de tierra lógicamente para convertirla en liquidez y hacer una distribución amigable a los sucesores de esta familia».
Asimismo, indicó que para que dicha propiedad sea declarada de utilidad pública, el Estado debe pagarle lo que vale a sus propietarios. «La ley es clara y establece que donde se quiere proteger un área verde, si hay un título de propiedad, el Estado debe declararla de utilidad pública y convertirla en área protegida, pero previo al pago del valor de la propiedad a sus legítimos dueños».
La acusación
El jueves, el Ministerio de Medio Ambiente se querelló contra Castro, por instrucciones del presidente Luis Abinader.
La dependencia oficial depositó la querella, bajo la firma del ministro Miguel Ceara Hatton, ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente (Proedemaren), encabezada por el procurador de corte Francisco Contreras, así lo señala la entidad mediante una nota de prensa.
Durante la inspección, la Dirección de Fiscalización determinó que en el proyecto se realizaron actividades de desbroce, corte y remoción de vegetación, además de actividades de nivelación de terreno en una extensión de cincuenta y cuatro mil metros cuadrados (unas 85 tareas).
“El impacto generado con el desmonte de vegetación implica la fragmentación de estos ecosistemas y el deterioro del bosque seco montano bajo característico, por la alta fragilidad a la que se encuentra sometido por el cambio climático”, indicó.
Unas horas más tarde, el presidente Abinader dispuso que abogados especializados acompañen al Ministerio de Medio Ambiente en este caso y advirtió que no tolerará ningún tipo de violación contra la ley ni contra los recursos naturales, no importa de quien o de donde provenga.
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