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Vinicio Castillo, Ramón Rogelio Genao y Pelegrín Castillo (Foto: Fuente externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) sometió este jueves ante el Senado de la República, una propuesta de modificación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa de ley fue depositada por los exlegisladores Pelegrín y Vinicio Castillo, a través del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Los artículos que la FNP sugiere sean reformulados en el Congreso Nacional son el 2,4,11,13, también los numerales 4, 5 y 9 y se agrega un numeral 15 al artículo 13.

Otros artículos sujetos a modificación son el 14, 21, 22,25 en su párrafo; 26,27,28 y 29.

La propuesta busca establecer que los requerimientos de información a dependencia del Estado, instituciones públicas o privadas o personas físicas que haga la DNI deben ser autorizados previamente por un juez.

En ese orden, recomendaron que el juez sea designado por la Suprema Corte de Justicia y que el mismo tenga jurisdicción nacional.

La pieza también indica que «cuando se verifique la existencia de indicios razonables o prueba fiable en la realización de actividades o temas que configuren una infracción criminal, la DNI deberá informar a la Procuraduría General de la República quien asumirá el control de la investigación».

El proyecto de modificación busca suprimir del artículo 26 las sanciones penales de prisión para personas que se nieguen a entregar información a la DNI.

Crean una modificación que diga «las personas que en su calidad de sujetos obligados nieguen, oculten o adulteren informaciones requeridas por la DNI, después de concluirse los procedimientos de ley sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativos a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, serán sancionados conforme a lo que dispone su ley sectorial».

Esa organización política también propone que los recursos económicos asignados a la DNI se limiten a los asignados por el Presupuesto General del Estado.

Es importante recordar que la Ley 1-24 que crea la DNI desde su aprobación y posterior promulgación ha estado sujeta a críticas por parte de distintos sectores.



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