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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Informe Nacional de Derechos Humanos 2023 (INDH), presentado por el Defensor del Pueblo en ocasión del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, destaca el derecho a la justicia entre los cinco derechos fundamentales que a consideración de la población, están menos garantizados en República Dominicana. En artículos anteriores analizamos el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal y el derecho al trabajo. En esta cuarta entrega nos enfocaremos en lo que dice el INDH 2023 sobre la justicia.

La tutela judicial efectiva

El Informe del Defensor del Pueblo comienza señalando que la Constitución dominicana, en su artículo 69 reconoce el «derecho a obtener la tutela judicial efectiva». Este concepto jurídico se refiere al derecho de toda persona a un acceso a la justicia de manera plena y eficaz; además del acceso a la justicia comprende las garantías de un proceso justo, de igualdad ante la ley, de duración razonable, la presunción de inocencia, entre otros.

Del derecho a la justicia penden la garantía del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Sin un efectivo derecho a la justicia, los demás derechos se vuelven inalcanzables, ya que las personas carecen de los medios para defender sus derechos o buscar reparación cuando les son violados.

La justicia bajo la lupa

En la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada para la elaboración del INDH 2023, el derecho a la justicia se posicionó como el menos garantizado en República Dominicana. Eso así porque el 26 % de los encuestados lo seleccionó entre una lista de 19 derechos humanos que se les mostró; ningún otro derecho humano superó ese porcentaje. Reflejo de esta inconformidad de la población con el manejo de la justicia, el 78 % de la población considera que en República Dominicana las leyes no aplican a ciertos grupos privilegiados.

En las Consultas Participativas Regionales, que también organizó el Defensor del Pueblo para elaborar el Informe, el derecho a la justicia ocupó el sexto lugar entre los derechos menos protegidos. Los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, líderes locales y empresariales coincidieron en denunciar discriminación en el acceso a la justicia, que la ley no se aplica a todos por igual y la afectación de los derechos fundamentales de los privados de libertad.

Sobre este último tema, los registros de casos procesados por la Secretaría General del Defensor del Pueblo entre enero-octubre del año 2023, reafirman las dificultades de la población privada de libertad para lograr la tutela judicial efectiva y el debido proceso que proclama la Constitución. El 13 % del total de casos oficiosos procesados por la Secretaría General del Defensor del Pueblo durante el período respondió a materia penitenciaria. Lo mismo ocurrió con el 9 % de todas las orientaciones solicitadas y brindadas durante el período.

La prensa nacional -dice el Informe del Defensor del Pueblo- también se enfocó en la carencia de garantías para las personas privadas de libertad y en las inhumanas condiciones carcelarias, a lo que agregó la violación de derechos en los procesos de apresamiento.

Llamamiento por la justicia

Visto todo lo anterior, el Defensor del Pueblo, en su Informe de Derechos Humanos 2023:

  1. llama de forma específica a todos los actores del Poder Judicial a garantizar un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, equitativo, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales, según se consensuó en la END 2030.
  2. denuncia como grave afrenta a la dignidad humana, las condiciones infrahumanas a las que se somete a los privados de libertad,
  3. declara la imperiosa necesidad de reanudar y profundizar el proceso de reforma del sistema penitenciario

En palabras expresadas por el Informe, «Es hora de unificar esfuerzos y establecer medidas contundentes para erradicar estas prácticas inaceptables y construir un futuro donde el derecho a la justicia sea respetado de manera plena, asegurando la protección y realización de todos los demás derechos fundamentales».

 



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