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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Gobierno y el sector empresarial minimizaron este miércoles el posible impacto económico que pudiera generarle a esta nación la suspensión diplomática con este y otros países, hecha por Nicolás Maduro, en su condición de presidente de Venezuela.
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó que dicho impacto no será significativo. Pero se mostró esperanzado en que se pueda llegar a una solución “pronto”.
“No lo vemos significativo pero esperamos que con el tiempo las cosas puedan mejorar”, dijo el funcionario tras miembros de la prensa preguntarle sobre el tema.
Sobre el intercambio comercial señaló que no es significativo, “no hay un impacto importante para la economía, pero no todo es económico al final de cuentas y sobre todo hay que asimilar”.
Igual opinión tiene el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, quien dijo que esta acción del gobierno de Maduro “no afecta la macroeconomía dominicana, porque el intercambio con Venezuela no es suficiente para que tenga un impacto”.
Agregó que “más bien es un tema de inestabilidad regional, política, y sobre todo de solidaridad con el pueblo venezolano que sufre esta inestabilidad política y ese proceso electoral con falta de transparencia, donde no se está espetando la voluntad popular y donde hay un conflicto entre la oposición y el régimen”.
Para el empresario, la situación de Venezuela “es un espejo donde debemos vernos todos los países que creemos y valoramos la democracia, donde nunca podemos llegar, y es momento de estar solidarios con el pueblo venezolano, para que salgan airosos de esta crisis y puedan retomar la democracia”.
Asimismo, sostuvo que esa acción de Maduro es una medida típica de los dictadores. “Son medidas que toman los regímenes autoritarios, donde por el simple hecho de hacer un llamado a que busquen el diálogo, se haga un proceso transparente de conteo de votos, que es lo que reclama la oposición, pues la posición del Gobierno es sacar los países que le han hecho ese llamado, es una conducta típica de los gobiernos autoritarios que lo que hacen es aislarse del mundo”.
Desde que el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) de Venezuela dio como ganador de los comicios a Maduro, los reclamos han aumentado, exigiendo que muestren las actas del escrutinio, las cuales hasta el momento no han sido entregadas.
Represalias, secuestro e inclusive asesinatos por parte del Gobierno de Maduro, han sido parte de los reportes de lo que está pasando en Venezuela, desde el momento en que el pueblo se tiró a las calles exigiendo que Maduro entregue el poder y que se recuenten los votos.
Además de la suspensión y ruptura de lapsos diplomáticos con distintos países que han pedido total transparencia en el conteo de los votos, el Gobierno de Maduro ha emitido orden de arresto contra Edmundo González y María Corina Machado.
Ante esta situación, el gobierno de Costa Rica les ofreció asilo político, pero Corina Machado agradeció y dijo que su compromiso es seguir la lucha junto a su gente.
Organizaciones como la ONU, OEA y la Unión Europea, y países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, han alzado su voz para pedir respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el pasado 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa el ordenamiento jurídico y el comunicado publicado por el Centro Carter, observador internacional invitado por el CNE.
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