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Por: Gissel Taveras
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) realizó este domingo un balance de la situación del sistema de justicia en 2023, en el marco de los procesos de la institucionalización democrática, resaltando los logros alcanzados y los retos de cara al 2024.
En ese sentido, afirmó que uno de los retos para este 2024 en la aplicabilidad de la norma jurídica para impartir justicia, es lograr un sistema donde la impunidad se reduzca a niveles mínimos.
Otros de los retos para este año es la racionalización de la persecución penal, que debe conducir a la persecución estratégica de los crímenes, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido y priorizar soluciones no punitivas. Siendo esencial que se vele por una atención especializada a las víctimas, sin dejar de lado la garantía del debido proceso a los imputados.
Finjus destacó que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020, con el anuncio del Poder Ejecutivo de su intención de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas y el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.
De igual forma, consideró que el sistema de justicia atraviesa por cambios sustanciales que buscan dar respuestas a los nuevos problemas generados por la criminalidad trasnacional y el aumento de la conflictividad social. Lo anterior implica crear mecanismos que aseguren la autonomía reforzada de los órganos hasta el logro de una persecución penal más estratégica.
Este proceso ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia y el establecimiento de protocolos de seguridad, para desmontar las ineficiencias y aumentar el acceso a la justicia y una procuración de justicia ágil y coherente con los principios que la rigen.
Finjus resalta que uno de los desafíos para el sistema de justicia, este año, es que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal para dar continuidad a las transformaciones institucionales implicadas y cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional.
“La acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el respeto debido a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía”, señala un documento enviado a El Nuevo Diario.
El 2023 fue un año donde se pusieron en práctica relevantes normativas para el avance de la aplicación de la legislación dominicana. Por parte del Poder Judicial, como la implementación de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, evidenciando un progreso significativo en la actualización y el fortalecimiento de los marcos legales.
En cuanto a un aspecto que ha generado inquietud y debate como la aplicación de la privación de libertad de forma preventiva, como medida de coerción, Finjus señala que la cantidad de casos con esta medida debe ser tutelada. Para evitar la desnaturalización de la misma, es fundamental que se tome como punto de partida garantizar la presencia del imputado en el proceso y por ante la jurisdicción correspondiente.
En ese orden, la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse. La acción penal pública debe sujetarse al principio de intervención mínima, también conocido como de “último ratio”. A ello, por regla general, sólo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida.
Ministerio Público
Con relación al Ministerio Público, se visualiza la proactividad en la gestión del Ministerio Público, asumiendo la investigación y acusación sobre casos sobre supuestos actos de corrupción, que han dinamizado la justicia penal y han generado importantes debates jurídicos sobre sus actuaciones, algunos de los cuales hemos visto anteriormente.
Este año se cumplirán 20 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, siendo oportuno que los actores del sistema, la comunidad jurídica y académica, así como toda la sociedad propicien la realización de diagnósticos y espacios de evaluación y reflexión sobre el impacto del Código Procesal Penal y sus necesidades de adecuación, a la luz de las nuevas realidades sociales.
Asimismo, la sociedad está prestando gran atención a las acciones del Ministerio Público en otras áreas, dentro de las cuales se destaca: la protección penal a víctimas de violencia, que es un asunto que requiere de un enfoque detallado y profundo. Se debe tener una especial sensibilidad con las víctimas, garantizando de manera efectiva sus derechos, y proporcionándoles los mecanismos necesarios para velar por la reparación de los daños que le fueren ocasionados.
Violencia de Genero
En cuanto a la violencia de género, Finjus resalta que continúa siendo un flagelo social que impacta en todos los niveles. Por ello, es un desafío establecer políticas uniformes y efectivas de atención y persecución, atendiendo a la no revictimización. Consideran que es esencial la creación de un ambiente seguro en el que el libre goce y disfrute de los derechos a las mujeres y niñas sea tutelado. El desarrollo institucional y democrático del país amerita que, por medio de normativas operacionales, se dispongan condiciones que maticen y castiguen los niveles de violencia.
Delincuencia cibernética
El desarrollo y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones han obligado a repensar los estándares de la interrelación social a todos los niveles e intercambios comerciales. En este sentido, tanto las personas físicas como las organizaciones privadas y públicas han quedado expuestas a las vulnerabilidades de los sistemas de intercomunicación y manejo de la información, de lo cual es innegable la necesidad de avanzar en la preparación, prevención y cuidado en su uso para contrarrestar el progresivo impacto de la delincuencia cibernética.
Por lo tanto, es necesario la regulación de delitos como el sexting, grooming, happy slapping, y sextortion cuyas consecuencias se reflejan con mayor índice en los niños, niñas y adolescentes. Estas iniciativas están enfocadas en incidir positivamente en favor de las familias víctimas de violencia. La protección de la niñez es un eje de primer grado. En todo caso, el interés superior del niño tiene que ser debidamente tutelado.
Avances de la reforma de la Policía Nacional
La ejecución de los planes y programas aprobados para la profesionalización y capacitación de sus miembros y la modernización de la estructura policial y sus servicios a la ciudadana ha sido determinante, lo que se corresponde con la mejoría sustancial de las condiciones laborales de los agentes policiales en el 2023.
Estos avances han impacto en la reducción significativa de importantes indicadores de la seguridad ciudadana, aunque persisten algunas percepciones sociales que deben ser consideradas por las autoridades y que ameritan ser tomadas en consideración para abordar de manera integral en los programas preventivos y el manejo de las relaciones de los miembros de la institución policial, con la ciudadanía en diferentes sectores del país.
Existe una especial preocupación social, que se refleja en los medios de comunicación y redes sociales, sobre el uso excesivo de la fuerza policial que refleja el desconocimiento de los reglamentos policiales recientemente aprobados y su efectiva implementación.
Pero en las últimas semanas los medios de comunicación destacan una conducta que distorsiona la imagen de la institución policial. Finjus se refirió a la figura de “los intercambios de disparos”. Esta práctica es frecuente y los mecanismos institucionales para su control parecen no ser aplicados en todos los casos. Se requiere que los casos de criminalidad y delincuencias se procesen en el marco de las leyes y a cargo de los órganos competentes del sistema de justicia.
Finjus ha reiterado en varias ocasiones la importancia del debido proceso del marco institucional. De este modo, la debida garantía de los derechos de las personas, bajo el apoyo de tribunales competentes, requieren que la potestad punitiva del Estado cumpla sus etapas de investigación y sanción cuando la culpabilidad sobre un hecho ilícito le sea probada a cualquier individuo.
Nuevos jueces del Tribunal Constitucional
Finjus valora positivamente la designación de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, que vienen a fortalecer la trayectoria, eficiencia y dedicación de esa importante Alta Corte en los últimos 12 años. La defensa del orden constitucional, así como garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución, es esencial para fomentar la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional creciente de nuestra nación.
Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la ley de extinción de dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, para lo que es imperioso adoptar una regulación que de respuestas a la realidad jurídica de la República Dominicana.
Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia, Finjus entiende que a la fecha deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano.
En el plano institucional, permanecen aún en la agenda prioritaria de la nación un conjunto de reformas que tendrán un impacto significativo en la acción del sistema de justicia y que deben ser abordados en 2024, como lo son la modificación de la Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, No. 10-07; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contrataciones Públicas; la Ley sobre trata de personas y el establecimiento del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, como parte importante del balance institucional del 2023, observan con satisfacción la iniciativa que plantea regular la figura del indulto en el país. Para propiciar un Estado orientado a perseguir la conservación, estabilidad e integridad como objeto principal para el bienestar y seguridad ciudadana, se hace necesario profundizar la regulación sobre esta figura.
Desde Finjus observa que cada uno de los esfuerzos institucionales antes mencionados implican el fortalecimiento del régimen político cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico. Por tanto, el 2024 se puede traducir en el escenario ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito está subordinado al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra justicia e institucionalidad democrática.
Finjus se expresó en esos términos a propósito de que hoy se celebra el Día del Poder Judicial.
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