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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – De acuerdo con el Ministerio Público, los implicados en la operación Nido vendieron más de 300 unidades de apartamentos sin ni siquiera tener los permisos de construcción. 

En documento de solicitud de medida de coerción el órgano persecutor asegura que en muchos de los casos tampoco tenían los terrenos para construir las viviendas ya vendidas.

El Ministerio Público señala que en los pocos casos donde sí tenían terrenos para construir las unidades de apartamentos, estaban en litis judicial de consideración. 

Venta de las mismas unidades a varias personas

La red dedicada, que según el órgano acusador se dedicaba a la venta fraudulenta de vivienda, negociaban las mismas unidades a varias personas, generando controversia entre los adquirentes. 

El documento acusatorio añade que, para darle más veracidad a las operaciones delictivas, el entramado incluyó a abogados y contables, a los fines de darle credibilidad financiera a sus maniobras. 

Por si fuera poco, Enmanuel Rivera Ledesma, amenazaba e intimidaba a las víctimas, presumiendo además sus contactos y fuerzas en el tren judicial. 

El caso 

Además de Emmanuel Rivera Ledesma, en el caso están implicados: Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Scarlet Mercedes Cruz Figueroa, Railin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. 

También están ensartadas las empresas Inmobiliaria y Diseños Arquitectónicos (Indisarq) y CRD Equipos Pesados.

El Ministerio Público depositó este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Nido.

La procuradora fiscal Sourelly Jáquez declaró a medios de comunicación que en el expediente el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.

El MP ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.



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