El Estado dominicano se querelló penalmente y con constitución en actor civil en contra de varios de los detenidos en la Operación Calamar, así como contra de algunas de las personas que son mencionadas, como es el caso del exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, a quien cataloga como «cómplice» dentro del documento legal. También se querelló contra tres de los principales testigos del Ministerio Público en el referido caso, como lo son Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo, a quien el Estado califica como «autores», junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. En el caso particular de Mimilo Jiménez, dice que sirvió como vehículo para captar recursos públicos a fines de interés particular y según los requerimientos de Donald Guerrero. Incluye a los sucesores del fenecido Emilio Rivas, exdirector de Bienes Nacionales, como terceros civilmente responsables. La querella la presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en fecha 5 de abril de 2022, durante el proceso de investigación. En ella pide una compensación por daños y perjuicios sufridos por un monto de RD$26,880,935,984.34. Basado en los mismos hechos que describe la Pepca en la solicitud de medida de coerción a 20 detenidos el pasado fin de semana en la Operación Calamar, el Estado enlista once personas como autores de los delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco. También por sobornos o cohecho de funcionarios, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activos.
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